Varias medidas para agilizar la concreción de proyectos vía concesiones está trabajando el Ministerio de Obras Públicas (MOP). A través de la Coordinación de Concesiones han estado avanzando en dos frentes que permitan evitar un alza en los costos extra de las iniciativas derivados de los procesos para obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y, por otro lado, agilizar el desarrollo de los estudios de iniciativas privadas.

En este último tema, se ha estado trabajando en afinar un nuevo sistema para avanzar en los estudios que deben presentar las empresas a las que se les acoja la propuesta de una iniciativa privada.

Este mecanismo tiene por objetivo ordenar los estudios, para evitar así las pérdidas de tiempo y recursos que muchas veces significaba presentar todas las investigaciones juntas. Eduardo Abedrapo, coordinador de Concesiones del MOP, asegura que “el reglamento actual establece de manera taxativa un plazo de dos años para realizar los estudios, que se puede prorrogar por razones fundadas”. Esta condición, agrega, significó que en ocasiones recién al cumplirse el plazo, la empresa comunicaba que no sería viable la iniciativa propuesta.

Por esto, desde la coordinación se está trabajando en un escalamiento de los estudios. Aunque dependerá de cada proyecto, la idea es que este proceso tenga fases, para ir avanzando en los estudios del tipo legales, de ingeniería, económicos o medioambientales.

Un ejemplo del nuevo modelo se está aplicando con el tranvía de Iquique, donde primero se analizaron temas legales para determinar su validez y, superado eso, se avanzó hacia la próxima etapa de estudios. De no cumplir con las exigencias mínimas, el proponente podrá retirarse, entregando claridad al Estado respecto a la construcción. Abedrapo comentó que “es necesario que exista el tiempo necesario para que (un proyecto) desarrolle una expedición óptima, pero tampoco podemos estar esperando cinco o diez años”.

Mitigación ambiental

Un tema que se considera primordial en la industria tiene que ver con el financiamiento de costos que se generan a partir de las mitigaciones de los permisos ambientales.

El gobierno está aplicando un sistema de distribución de los riesgos de un proyecto, en el que se hace cargo del financiamiento de parte de las obras de mitigación social y ambiental que requiera una concesión. El monto destinado para esto depende de la rentabilidad social y privada de cada iniciativa, lo que se establece en cada contrato. De este modo, hay un resguardo para evitar sobrecostos.

En este sentido, se tomó la definición de no tramitar los permisos ambientales previo a la licitación, pero se correrá con parte de los costos extra que deriven de la RCA. Obras como Américo Vespucio Oriente en sus dos etapas, el embalse Punilla y la ruta Nogales-Puchuncaví tienen ya incorporado este sistema, el que a futuro podría incorporarse en otras más.

Juan Eduardo Saldivia, presidente de Copsa, asegura que “lo ideal es que cuando se licite un proyecto, ya esté hecho el Estudio de Impacto Ambiental y definidas las mitigaciones, de tal medida que el licitante sepa qué tiene qué hacer y cuánto tiene que pagar para que lo considere en la oferta”.

El socio del estudio Guerrero Olivos, Martín Santa María, asegura que “muchas veces los interesados, al no contar con la información adecuada, realizan estimaciones donde o se quedan largas, o como ocurre la mayoría de las veces, se quedan cortas con la oferta inicial”. Carlos Aravena, de Larraín y Asociados, comenta que “teniendo acotado el alcance de los trabajos, son más convenientes los precios y las condiciones tanto de la construcción como del financiamiento de la obra. Además, se reduce de manera importante una potencial fuente de litigios entre la concesionaria y el MOP”.

Katannya Jablonski, abogada asociada de Morales & Besa, agrega que es necesario fortalecer el sistema de concesiones, para aumentar las inversiones que se hacen por esta vía.