Informe de Isaza abre debate por compensaciones al patrimonio de Valparaíso

Compensaciones. Esa es la palabra clave tras conocerse el Estudio de Impacto Patrimonial (EIP) elaborado por el consultor colombiano Juan Luis Isaza respecto a las repercusiones “irreversibles” que generará en el sitio reconocido por la Unesco como patrimonio, la expansión del Terminal Dos de Valparaíso concesionado a TCVAL. Y es que esa fue una de las conclusiones más relevantes del informe, además de constatar el precario estado de conservación del área patrimonial de la ciudad.

Es así que, en la presentación del documento, el intendente Gabriel Aldoney dejó en claro que el Terminal Dos es un proyecto que “no requiere sólo de mitigaciones, sino que también de compensaciones”.

Y si bien al ser consultado por este medio, el concesionario del T2 declinó comentar sobre el informe del experto colombiano y sus conclusiones, ayer en el marco de la presentación de la iniciativa a la comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional (Core), el representante de SGA -empresa contratada por TCVAL para elaborar la Adenda- Daniel Álvarez, enfatizó que las mitigaciones y compensaciones deben ir en línea con el proceso legal que transita en la actualidad.

“Estamos en pleno proceso de evaluación ambiental y las medidas en general tienen que tener coherencia e ir en consonancia con el impacto que objetivamente el proyecto genera y reconoce”, comentó al ser consultado por el consejero Manuel Millones (UDI) por la posibilidad de aumentar las medidas de compensación tras las conclusiones del informe de Isaza.

Agregó que las fórmulas de mitigación y compensación deben ir en directa relación con los impactos que el proyecto produce, tanto en su fase de construcción como de operación, y que están enumerados en la Adenda.

En esa línea, en su presentación, TCVAL aludió a las medidas planteadas en la Adenda como, por ejemplo, la construcción del Mirador Prat como compensación para el impacto visual que generará la construcción en su fase operativa.
“Creo que hace falta mayor generosidad de la empresa para mitigar y compensar, y considero que en ese sentido esta es una oportunidad para que la empresa sea socia de la comunidad, con TPS pagamos el noviciado ya que su llegada no significó ninguna obra de magnitud para la ciudad”, consignó Millones.
“Hago un llamado a que OHL asuma las compensaciones requeridas por el municipio representadas por su alcalde, donde se piden obras vinculadas al proyecto y su impacto, a lo que se suma lo planteado por el experto colombiano”, agregó.
En tanto, el presidente del Core, Daniel Garrido (PC) manifestó en su intervención que, tras conocer el EIP le quedó claro “que las compensaciones no son suficientes, porque al final podemos tener lindos paseos pero que no tienen conexión con la ciudad. Esto es más complejo y acá hay un compromiso del concesionario, pero también del Estado”.

En tanto, el diputado Aldo Cornejo (DC) manifestó que las compensaciones a la ciudad de Valparaíso, a raíz de este informe, deben ser relevantes y en directa proporción al impacto “irreversible y permanente” al que alude el documento dado a conocer por el consultor colombiano.
“Hay un daño irreparable para el patrimonio y las compensaciones para la ciudad de Valparaíso deben ser con mayúscula porque esto no se soluciona con un par de canchas de fútbol. Acá estamos hablando de reparaciones del borde costero y soluciones que permitan que Valparaíso a pesar de este proyecto, por ejemplo, no pierda sus vistas”, manifestó el parlamentario.

Agregó que espera que esto se dé en el marco de un proceso transparente y que no sólo las autoridades locales se pronuncien, sino que también la ciudadanía. Pero además, subrayó, que no sólo el concesionario es el que debe hacerse cargo de los costos.
“La responsabilidad de mantener el sitio patrimonial es del Estado, que además es el que facilita el proyecto, por tanto considero que el Estado también debe compensar a la ciudad de Valparaíso y allí habrá que buscar las fórmulas para las obras que sean necesarias”, subrayó el legislador que lamento que el documento no se haya conocido antes para que las observaciones que se hicieran “tuvieran un mayor fundamento”.

En lo que respecta al sitio patrimonial en específico recalcó que no existe un plan y que “la condición actual del sitio es desastrosa, pero también hay que decir que independiente de quien sea el alcalde, la municipalidad de Valparaíso no tiene las condiciones para hacerse cargo de este sector”, concluyó.

Para el senador Francisco Chahuán (RN), en cuanto a las compensaciones, se debe avanzar en una descentralización fiscal. “En este punto, hemos mantenido algunas conversaciones con la Subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere) en términos de que las actividades productivas con un claro sello regional, como la actividad portuaria, dejen parte de los recursos que generan en la ciudades en donde se generan las externalidades negativas. Es por eso que la actividad portuaria debiera dejar parte de los tributos que genera en Valparaíso”, advirtió el parlamentario, añadiendo que es partidario que se hagan las correcciones al diseño del T2. “He compartido con el Colegio de Arquitectos, y creemos que se debe asegurar el acceso a vista y la recuperación del borde costero para los porteños, pero claramente el Terminal 2 debe asegurarse en su implementación, con las correcciones del caso para evitar cualquier tipo de daño patrimonial, pero Valparaíso es puerto, y se requiere perseverar en él”.

Finalmente sobre el deficiente estado del sitio histórico advirtió que lo que debiera ocurrir, es hacer que el Estado se haga responsable de la mantención de la única ciudad de patrimonio cultural en Chile. “Las conclusiones en general están bien orientadas, pero requieren una voluntad del Estado”, concluyó.